

T rece años han transcurrido desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones, una de las causas, a través de la competencia, del aumento en el porcentaje de viviendas que tienen internet, estimado en un 25 % en el año 2010 y que alcanzó el 86 % en el 2019, antes de la emergencia de la pandemia.
Este dato, de la Encuesta nacional de hogares, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en julio de cada año, fue uno de los indicadores aprobados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para ser incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 (PNDIP).
El indicador tiene la característica de que brinda una aproximación general de la situación del acceso a internet de 1,7 millones de hogares en los que habitan poco más de 5 millones de personas.
La línea base del PNDIP 2023-2026 corresponde al año 2021, que fue el de menos hogares conectados (un 81,3 %), por lo que parecía factible que, de no ocurrir otros choques de alta trascendencia, fuera posible recuperar una tendencia de crecimiento sobre este indicador.
Las metas establecidas por el Micitt en el PNDIP, sin embargo, fueron ambiciosas: se esperaba lograr inicialmente que el 91 % de las viviendas contaron con internet en el 2023 y un 98 %, en el 2026.
Esto implicaba crecer diez puntos porcentuales en tan solo dos años, lo que habría requerido un enorme despliegue de infraestructuras físicas, especialmente, en las regiones fuera del área central del país, donde la cobertura es inferior al 70 %.
Pero el dato obtenido en el año 2023 fue del 81,7 %, lo que evidencia un estancamiento en estos dos años de gobierno, al que aún le queda medio período para ejecutar las políticas adecuadas con miras a acercarse al objetivo de la universalización, lo que solo podrá conseguir mediante una combinación sensata de competencia de mercado, alianzas público-privadas y una regulación eficaz del sector de las telecomunicaciones.
El retraso en el cartel de la licitación de las redes 5G pone en desventaja a los competidores privados y priva de oportunidades a muchos habitantes del país.
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Publicación original en La Nación (31/05/2024)