¿Será posible continuar la recuperación fiscal con los problemas nacionales y externos?

M i respuesta es positiva.

El desequilibrio fiscal ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de mi participación en el gobierno, en la oposición y en actividades de la sociedad civil. Se acelera el gasto público que se financia con endeudamiento, crece la deuda pública con relación al tamaño de la producción. Esto aumenta el riesgo país y afecta nuestras relaciones económicas internacionales. Las necesidades financieras del estado se vuelven más difíciles de satisfacer.

Aumenta la inflación que con sus efectos impositivos en parte financia el faltante del gobierno. Es un financiamiento perverso pues afecta desproporcionadamente a los más pobres. Con tipos de cambio fijos provocaba salida de divisas y nos ponía en graves dificultades para realizar los pagos por nuestras importaciones y obligaciones financieras con el exterior. Ahora con tipos de cambio flexibles lleva a devaluación acelerada.

Lo viví cuando tuve mi primera función pública durante el gobierno de don José Joaquín Trejos y se tuvo que restringir el uso de las divisas creando perjudiciales distorsiones, hasta que se pudo revertir el gasto y la tendencia de la deuda. Lo denuncié desde la Presidencia de ANFE antes y durante la crisis financiera de inicio de los ochenta. Lo traté de prevenir desde 1988 con mi propuesta de introducir un capítulo de Garantías Económicas a la Constitución Política incluyendo una regla fiscal, fortaleciendo las disposiciones presupuestarias para evitar el gasto corriente sin financiamiento corriente y regulando la política monetaria.

Procuré su aprobación cuando fui diputado. Nos cuidamos de no incurrir en ello durante el gobierno 1998-2002 lo que logramos gracias a redirigir el gasto, mejorar el cobro de los impuestos y gracias también a las acciones de gobiernos anteriores que habían renegociado la deuda púbica.

Finalmente, en 2018 se aprobó una regla fiscal como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. También se alcanzó un acuerdo con el FMI que ordena un cambio en las finanzas públicas que proyecta una disminución gradual de la relación deuda del gobierno a PIB.

En los dos gráficos que siguen se puede apreciar como el período de aceleración del gasto a partir de 2006 coincide con el crecimiento de la deuda pública respecto al PIB. La aceleración del gasto se nota porque la curva del gasto real se vuelve más empinada. En el segundo gráfico se nota como eso coincide con el crecimiento de la deuda respecto al PIB. La causa principal es el aumento del gasto, no la contracción de ingresos.

En el acuerdo con el FMI se estimó que con el ajuste gradual establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con las medidas complementarias -de las que solo se ha aprobado la Ley de Empleo Púbico- empezaría a disminuir la razón Deuda Pública/PIB en 2024.

En su estimación de octubre de 2021 el BCCR adelantó a 2023 ese inicio. El Informe Monetario de abril recién pasado lo vuelve a adelantar y proyecta que esa razón iniciará su descenso este mismo 2022 con una disminución de 0,6 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución rompe la tendencia al crecimiento de los últimos 13 años para finalizar este 2022 en 67,6%.

Pero las condiciones han variado muy significativamente en estos meses. La cruel invasión de Putin a Ucrania, los efectos de la disrupción de las cadenas internacionales de producción y el incremento de fletes de 2021, la creciente inflación en los países desarrollados y el incremento de las tasas de interés levantan el espectro de una estanflación que nos podría afectar este año y en 2023.

No se puede exagerar el impacto social negativo que han tenido y están ocasionando las repetidas olas de empobrecimiento que hemos venido sufriendo. Unos hechos nos han empobrecido directamente como la pandemia con los cierres de la producción y el turismo y, posteriormente, por la interrupción de las cadenas internacionales de suministro que causó escasez, congestión portuaria, y encarecimiento de bienes y fletes. Otros hechos nos empobrecieron aumentando el costo de los intereses locales y externos como el “hueco fiscal” de 2018 y la inflación que se empieza a acelerar en la ultima mitad del año pasado y las reacciones de los bancos centrales pasando a una política monetaria restrictiva.

La Guerra en Ucrania y las medidas contra Rusia con sus efectos de encarecimiento del petróleo, sus derivados, alimentos, fertilizantes y metales nos empobrecen disminuyendo el poder de compra de nuestras exportaciones, lo que llamamos los términos de intercambio. Para colmo de males estos últimos impactos se dan cuando no hemos recuperado los niveles de ocupación que teníamos antes de la pandemia, que ya sufrían de alta tasa de desempleo y de aumento de la informalidad.

Además, todos esos impactos tienen efectos negativos sobre las expectativas de los agentes económicos, pues cunde el temor de que el ajuste para parar la inflación cause recesión.

Ya son visibles algunos signos que podrían indicar recesión.

Los fuertes ajustes en las bolsas de valores de los países desarrollados. El petróleo y los granos han vuelto a los niveles de precios prevalecientes los días anteriores a la invasión rusa. La caída que se ha dado durante las últimas semanas de esos precios que con la invasión a Ucrania venían subiendo, aparentan ser manifestaciones de contracción en la demanda ante una recesión esperada.

Con la política monetaria restrictiva -seguida adecuadamente en mi criterio por el BCCR- y por los eventos externos, es previsible que en el Informe de Política Monetaria de Julio el ente emisor vuelva a bajar la tasa de crecimiento del PIB esperada para este año.

¿Querrá eso decir que los resultados fiscales esperados para este año frente al menor crecimiento del PIB atrasaran la disminución de la relación deuda/PIB?

No lo creo. Espero que la disminución de crecimiento del PIB sea muy poca. Ésta es una expresión de mi intuición y no refleja el ajuste de ningún modelo económico, ni siquiera de uno simple y poco sofisticado. Me baso en que las exportaciones del régimen definitivo han aumentado su crecimiento y las de los regímenes especiales siguen siendo muy dinámicas, aunque un poco menos que antes. También en la recuperación en los últimos meses en el arribo de turistas. Y en los datos del IMAE.

Pero la inflación es aún más importante para obtener resultados fiscales favorables este año si se mantiene la regla fiscal. Aunque no lo sea para el bienestar inmediato de los costarricenses.

En junio la inflación fue de 10,05% la mayor desde abril de 2009. Difícilmente terminará 2022 con una inflación menor a 7%. Solo el 39% de la deuda está denominada en dólares. Sin tomar en cuenta su crecimiento por el déficit, por la inflación la deuda del gobierno en colones bajaría este año en términos reales un 7%, lo que significa que la deuda total por ese efecto inflacionario disminuiría un 4,2%. Aún con una disminución del crecimiento estimado del PIB real de 1 punto porcentual, esa medida de la producción crecería un 2,4%. Estimo según aritmética sencilla en una servilleta de papel que la relación deuda/PIB podría bajar este año a 66,2%.

Eso incluso da margen para el único aumento en el gasto del gobierno central que me parece se podría justificar: ayudar a las familias pobres frente al empobrecimiento y el desempleo.

Mucho se discute sobre cómo paliar el incremento en el precio de los combustibles, y se habla de usar crédito externo para financiar bien un subsidio directo a los derivados del petróleo, o bien al transporte público de personas.

En mi opinión esa no sería la manera más justa de actuar.

Lo más importante es socorrer a las familias pobres agobiadas por el encarecimiento de los alimentos y otros bienes esenciales para su manutención. Esto es además urgente por el alto nivel de desempleo y la baja tasa de participación en ocupación que aún prevalecen.

El crédito externo debería usarse para subsidiar a las familias pobres con un programa similar al del Bono Proteger.

Se puede usar el aprendizaje producido por esa experiencia para mejorar la focalización de los recursos usando el SINIRUBE. Como el IMAS ha cerrado sus puertas a nuevos pobres en estos últimos años es necesario abrirlas y estudiar la condición de pobreza de las familias, para atenderlas adecuadamente según sus condiciones objetivas poniendo al día los datos del SINERUBE.

Ese instrumento nunca puede estar totalmente al día y en las circunstancias actuales la pobreza atrapa en sus garras a nuevas familias. La verificación de la situación de necesidad de las familias sin trabajo y en pobreza la pueden hacer en plazos muy cortos los EBAIS que son las instituciones más descentralizadas del país y conocen a las familias a las que atienden.

Esto lo demanda la justicia social y la visión cristiana de la fraternidad.

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