Trabajo formal e informalidad

R ecientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgo un estudio acerca de la problemática de los mercados laborales en América Latina y el Caribe (ALC). Dicho estudio señala que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha tenido grandes consecuencias sobre el mercado laboral y la protección social en la región. El Fondo Monetario Internacional estima una caída de la actividad económica del 8,1% en 2020 en la región, mientras que el Banco Mundial espera que la pobreza aumente en 10 puntos porcentuales frente al nivel previo a la pandemia. A septiembre de 2020, la población ocupada en ALC se había reducido en más de 25,3 millones de personas frente a la situación en los años previos a la pandemia, con una reducción del empleo formal de más de 3,5 millones de personas.

Como consecuencia de la pandemia, se ha incrementado la informalidad en los mercados laborales, uno de los fenómenos más persistentes de los mercados laborales en la región, donde más de la mitad de los trabajos son informales. En Costa Rica se estima una población de trabajadores informales (sin acceso a la seguridad social) cercana al millón de personas. Si bien el empleo informal cayó muy rápidamente después de iniciada la pandemia, lo cierto es que los empleos informales han crecido más rápidamente que los formales desde que las economías tocaron fondo. Los empleos informales son mal remunerados y menos productivos que los formales, no generan ingresos fiscales y no tienen mecanismos de protección social. Además, en medio de una pandemia, no son una alternativa efectiva y rápida. Es muy probable que efectos de la informalidad sobre la desigualdad y la pobreza se hayan multiplicado durante la pandemia, y Costa Rica no es la excepción.

Reducir la informalidad no es una tarea sencilla. Entre otros aspectos, pasa por reducir los costos de generar trabajo formal. En ALC existe abundante evidencia empírica que establece una relación directa entre la informalidad y los costos laborales y no laborales. Los aportes y contribuciones a la seguridad social, los costos de contratar y despedir, así como las llamadas cargas parafiscales que financian una serie de actividades ajenas a la seguridad social son elevadas. En el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Costa Rica presenta una tasa media de cotizaciones a la seguridad social, como porcentaje del salario bruto, de 37,0%, por encima de la media de los países pertenecientes a esa entidad (26,2%). A ello habría que añadir los costos no asociados al trabajo y las cargas parafiscales que son traspasadas a entidades no directamente vinculadas con salud y pensiones.

Existe un consenso a nivel internacional de que el sistema de seguridad social no puede ser dependiendo de altas cargas laborales, por cuanto fomentan la informalidad de trabajadores y empresas, reducen el empleo formal y debilitan los ingresos tributarios. Bajo este escenario Costa Rica necesita replantearse que reformas necesita para fomentar el trabajo formal y reducir la informalidad. No existen recetas únicas al respecto. En algunos países se han sustituido las cargas laborales y parafiscales por impuestos generales que no generen distorsiones en el mercado de trabajo o al menos las minimicen.

Trasladar esas cargas al presupuesto nacional vía impuestos sobre las ganancias de las empresas, al valor agregado, al impuesto selectivo de consumo, o al carbono son algunas alternativas que se han ensayado en muchos países. Los resultados en cuanto a la reducción de la informalidad, creación de empleos formales y recaudo tributario, difieren dependiendo del entorno macroeconómico, fiscal, social, político e institucional en cada caso. No existen recetas. Cada país debe abocarse al análisis de su propia realidad considerando todas esas variables.

La situación actual por la que atraviesa Costa Rica representa una oportunidad para introducir medidas que contribuyan a una reducción importante de la informalidad y construir incentivos para el fomento del trabajo formal, especialmente entre mujeres y jóvenes. Es claro que reducir la informalidad requiere también acciones en otros ámbitos, como disminuir la tramitología que obstaculiza la formalización de empresas. Pero repensar el sistema de seguridad social y su financiamiento es un paso en la dirección correcta, una tarea que ha sido postergada ya por mucho tiempo.

Envíe sus dudas o comentarios a miguellorias@hotmail.com.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.