Una opción para la reactivación económica del país ante la pandemia del coronavirus

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E xisten diversos modos de integrar la iniciativa de las personas u organizaciones privadas (por ejemplo: las empresas de negocios y las organizaciones sin fines de lucro o comunitarias, entre otras) y la tutela de las organizaciones públicas (por ejemplo: el Gobierno, las instituciones autónomas y las municipalidades entre otras) con miras a la prestación de bienes y servicios relacionados con el bien común. Ante este panorama, una opción válida de acción es aquella basada en la iniciativa personal u organizacional privada, correcta y oportunamente tutelada o integrada con las organizaciones públicas.

El Ing. Rodolfo Méndez Mata -Ministro de Obras Públicas y Transportes- informó recientemente su intención de promover o facilitar la inversión pública en infraestructura como un aporte particular del Ministerio a la reactivación económica del país. De su propuesta podemos interpretar que la idea es agilizar la puesta en marcha de proyectos maduros o consolidados y con posibilidades de contenido presupuestario, ya sea porque lo tienen vía préstamos aprobados y no ejecutados, o bien, porque hay interés privado en desarrollar dichas obras vía concesión. Como ejemplo de lo anterior tenemos la conclusión de la circunvalación, la ampliación de las rutas desde San José a Caldera, a Guápiles, a San Ramón, a Cartago, a Heredia y el trayecto entre Barranca y Cañas.

La propuesta de don Rodolfo es un ejemplo de obras de interés común bajo la responsabilidad o tutela del Gobierno central, que bien podrían ser desarrolladas por la empresa privada dentro del sector de construcción, el cual ha sido considerado tradicionalmente como un motor para la reactivación de la economía en las sociedades occidentales.

Como complemento de la propuesta descrita anteriormente, surgen las siguientes opciones de inversión magnánima. Habría que valorar luego el plazo que requieran y la voluntad política para ponerlas en marcha.

(a) La consulta externa de la CCSS. Una de las aprendizajes valiosos de la actual crisis sanitaria es la importancia de la Caja Costarricense de Seguridad Social dentro del sector de salud costarricense. Con el fin de contribuir con su robustecimiento institucional, cabe la opción de realizar un trabajo conjunto entre la Caja, las cooperativas de ahorro y crédito y las comunidades.

La Caja subcontrataría la consulta externa -justamente- bajo el modelo de caja al que le debe su origen, para concentrarse en el servicio hospitalario en donde la Caja ha sido muy exitosa. La subcontratación de la consulta externa podría aplicar de este modo. La caja diseña, ejecuta y controla el programa según sus intereses institucionales, las comunidades se organizarían para administrar el servicio de consulta externa bajo la tutela de la Caja y, las cooperativas de ahorro y crédito se encargarían de construir y de arrendar la infraestructura, mobiliario y equipo requerido por las comunidades para la prestación del servicio.

Los siguientes son vistos inicialmente como puntos fuertes del proyecto: el conocimiento experticio de la CCSS en la consulta externa a nivel nacional; la cantidad de recursos financieros disponibles en las cooperativas de ahorro y crédito -tal parece, solo una de estas cooperativas recibe alrededor de 2,5 millones de dólares mensuales como aporte de sus asociados- y; el conocimiento directo que las comunidades tienen de sus miembros.

(b) La proyección municipal. Según parece, hay un grupo significativo de municipalidades que han hecho bien su trabajo y que, por tanto, cuentan con recursos para la ejecución de proyectos. Por ejemplo, se escucha el caso de una municipalidad que tiene alrededor de 3 millones de dólares ahorrados y que planea invertirlos en proyectos enfocados en la construcción de infraestructura al servicio de un buen manejo del ocio de sus miembros. Piensan realizar proyectos tales como una casa de arte y música, una piscina térmica al servicio de los adultos mayores y de las instituciones educativas -dando trato preferencial a aquéllas de naturaleza pública-; entre otros proyectos.

(c) La apertura de las opc´s a la inversión pública. Existen una serie de actividades empresariales que se caracterizan por ser de gran valor estratégico para el país, son inversiones con un grado de riesgo y de control razonable, con capacidad de generar una rentabilidad razonable sin demeritar el servicio o producto que prestan, poseen una vigencia de largo plazo y son de gran interés para el bien común. En este caso se hace referencia a actividades tales como la generación y distribución de energía, la construcción de infraestructura vial y portuaria y, la construcción del sistema de alcantarillado y acueductos, entre otras. Estas actividades podrían contar con una estructura similar a la descrita en el punto relacionado con la CCSS, en donde el lugar asumido por las cooperativas estaría asumido por las operadoras de pensiones complementarias y, el lugar asumido por la CCSS estaría asumido por las instituciones autónomas u gubernamentales, por ejemplo: el ICE, el ICAA y la misma CCSS, entre otros. Aquí habría que reflexionar el papel de las comunidades ¿cuál podría ser su aporte real en esta idea?

La idea subyacente en los tres bosquejos descritos anteriormente es la aplicación de los principios cristianos de justicia social, a saber: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. La idea de aplicarlos dentro de la realidad costarricense no es novedosa. Proviene desde hace varios siglos. Su aplicación fue relegada a un segundo plano durante el pasado siglo por motivos que salen del alcance de este artículo. Conviene reflexionar si la crisis originada por el coronavirus es una oportunidad para retomar los principios citados. Esta es la invitación detrás de la redacción de este artículo.

Comuníquese con el autor a través de danieljimenez@ice.co.cr

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