Urgente profesionalización

M e dijo un pajarito cercano a cierta entidad pública que no pocas veces se equivoca o cae en irregularidades en contratación pública que, al saber que la Dirección de Contratación Pública (DCoP) informó tendrá lista la certificación de idoneidad de profesionalización que dice la Ley 9986 para el 2028 pues, entonces, se esperará a ese año, y mientras tanto verá internamente que puede hacer.

Posturas así deben preocupar. Es el clásico camino fácil a no ser responsables; el de quedarse en el terrible conformismo, amén de no haber interiorizado el cambio de paradigma que el país adoptó con las nuevas normas en compras públicas.

Urgente. Si se lograse cuantificar las frecuentes fallas que hay en contratación (el costo de la ineficiencia), se entendería esa queja constante de los que gobiernan, de los jerarcas, por ver como las cosas no van con celeridad. No solo ahí, igual lo que Contraloría General de la República (CGR) ha señalado como imperioso de resolver en este campo. De hecho, ha sido CGR la única institución que, con limitación de recursos, mantiene todos los años apoyo en asesoría, y en capacitación a favor de la administración pública. Solo ahí ha existido un proceso regular para ayudar en tecnificar conocimientos. Luego, con escasas excepciones, lo que ha sobrado son mal llamadas entidades de capacitación, sin valor para cerrar brechas en profesionalización. Ejemplo de eso sobran; uno, esos cursos de temas de moda, en buenos hoteles, con muy buenos desayunos, y luego una tortura de 3 o más horas oyendo al “capacitador”.

La Comisión Europea indica que “el objetivo de la profesionalización” “es reflejar la mejora general de toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia”. Consideró (SWD/2015/202), cuando propuso la Estrategia para el Mercado Único, “beneficios económicos potenciales de solventar los problemas debidos a la profesionalización en más de 80.000 millones de euros, una cantidad de dinero público que revela por sí sola las consecuencias tan positivas de una función pública profesionalizada encargada de la gestión y dirección de los procedimientos de contratación en el sector público”.

El deber. En la Ley 9986, la profesionalización es un objetivo estratégico. La Autoridad de Contratación Pública diseñará una estrategia, que incluye la certificación y capacitación, así como la acreditación de las proveedurías. La estrategia incluirá objetivos de política pública, indicadores, estrategia y lineamientos de la contratación estratégica. El Reglamento describe funciones y responsabilidades de distintas partes del sistema. La DCoP desarrollará las directrices para la profesionalización de las proveedurías; promoverá el desarrollo de capacidades y la evaluación, como implementará certificaciones de idoneidad del personal.

Las administraciones son las responsables de garantizar que el personal de contratación actual y las personas que se contraten para trabajar en puestos de contratación sean las adecuados para sus tareas. Pero, en general, aunque deberán observar y aplicar lo que aún falta definir por la Autoridad y la DCoP, lo normativo es suficientemente claro de los retos por asumir, y desarrollar. Por eso se debe aplaudir a los que ya trabajan decididamente por la profesionalización, que no es esa que el pajarito me contó.

Ejemplo. La CCSS ganó el “Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas 2023”. El logro se da porque interiorizaron el reto de mejorar en conocimientos, y cambiar paradigmas de cómo hacer contratación. Da gusto conocer y ver cómo llevan su proceso de profesionalización. Se avanzó en revisar e ir modificando el perfil del personal, y su proceso de reclutamiento. En su proceso, sería oportuno que desarrolle el proceso de acreditación, en alianza con un centro especializado de conocimientos que aporte en esos alcances temáticos de los que Costa Rica carece.

Por eso, mientras llega lo de la Autoridad y DCoP, las administraciones pueden ser conformistas, y no hacer mayor cosa; o más bien ser visionarias, atrevidas. Sea, asumir que la profesionalización es un asunto de la jerarquía y personal de cada entidad, sin que eso reste valor a lo que vendrá en la política y estrategia en proceso de definición.

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