El 7 de diciembre de 2020 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que busca dotarlo de la flexibilidad necesaria para transformar sus servicios de formación y capacitación profesional en concordancia con los requerimientos de un sector productivo inmerso en los desafíos de la cuarta revolución industrial.
Con la reforma se modifica el régimen laboral del Instituto y su sistema de becas y ayudas económicas. También se introducen de forma explícita la empleabilidad, el desarrollo empresarial y la promoción de la inserción laboral como parte de sus fines.
Para investigar este tema publicamos, en nuestra Serie Visión para el Desarrllo, el "Estudio sobre la implementación de la nueva ley del INA", elaborado por nuestro Research Fellow el Sr. Jorge Cornick. En el informe el Sr. Cornick analiza el contenido de la reforma, los avances en su reglamentación e identifica oportunidades y peligros para lograr que su implementación no solo sea exitosa, sino que constituya un primer paso para el proceso de actualización continua de la oferta de servicios y modalidades que ofrece la Institución.
Asimismo, presentamos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de política en el foro virtual “¿Está listo el INA para enfrentar las nuevas demandas, retos y desafíos del mercado laboral?”, organizado en conjunto con LEAD University.
A la actividad se sumaron el análisis y comentarios de la directora de Clima de Inversión de CINDE la Sra. Vanessa Gibson, de nuestro Research Fellow el Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs y del vicepresidente de LEAD University el Sr. Tomás Dueñas (moderador).
Costa Rica enfrenta la paradoja de que al mismo tiempo que el nivel de desempleo alcanza niveles históricamente elevados, las empresas enfrentan serias dificultades para reclutar personal con las competencias técnicas y las habilidades blandas que ellas requieren. Esta situación pone en evidencia una brecha creciente entre la cobertura y contenidos de la formación de recursos humanos y los requerimientos del sector productivo.
En el campo específico de los servicios de formación y capacitación profesional ofrecidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la brecha se ha evidenciado en la reducción de la cobertura de ciertos servicios, en la baja empleabilidad de los egresados de sus programas, y en la imposibilidad de atender de manera oportuna los requerimientos que le plantea el sector productivo al Instituto.
Un exitoso proceso de diálogo social, cuyos resultados fueron sintetizados en el foro “Revolución Industrial 4.0”, celebrado en octubre 2019, permitió consensuar un primer conjunto de reformas a la Ley Orgánica del INA, las cuales fueron recogidas en un proyecto de ley eventualmente aprobado como Ley 9931 en diciembre 2020.
Esa ley introduce reformas que tienen el potencial de dotar al Instituto de una agilidad operativa y de una flexibilidad de las que hasta ahora había carecido:
Al mismo tiempo, tal y como se había propuesto en el proyecto de ley, se incluyeron la empleabilidad y el emprendimiento como finalidades explícitas del INA.
El potencial de la reforma es inmenso, particularmente si se transforma la relación del INA con el sector productivo, mediante la articulación explícita con la Política Nacional de Clústeres y la transformación de Comités de Enlace, que en la actualidad funcionan como foros para intercambio de información, en “mesas de trabajo” para la toma de decisiones.
Sin embargo, la reforma enfrenta también peligros importantes que pueden limitar su alcance e impacto. Por una parte, la contratación de servicios de terceros - que tiene la enorme ventaja de reducir los costos fijos de la institución y de transferir la responsabilidad de adaptar la oferta de servicios a las necesidades del sector productivo a centros de capacitación externos – se establece como un mecanismo de excepción, al que se recurrirá únicamente cuando se determine que el Instituto no puede ofrecer los servicios requeridos por sí mismo.
Esto abre las puertas para una estrategia de “institucionalización” de esos servicios, que llevaría a perder la flexibilidad que la nueva ley otorga a la Institución. Los recientes esfuerzos de la Caja Costarricense del Seguro Social por “institucionalizar” servicios que contrataba a terceros, aun a costa de un incremento de los costos y un deterioro de la calidad de los servicios ofrecidos, pone en evidencia la seriedad de este peligro.
Por otra parte, una reglamentación que en ciertos aspectos peca por ser innecesariamente complicada y burocrática, por introducir una amplia discrecionalidad que puede resultar en la asignación de becas y ayudas económicas a contrapelo de las prioridades explícitas de la institución y que pone sobre los potenciales beneficiarios el peso de trámites y requerimientos documentales que, particularmente en el caso de personas en extrema pobreza, pueden constituirse en mecanismos de exclusión justamente de los grupos demográficos que la nueva ley establece como prioridades institucionales.
El estudio propone algunas ideas para sacar el máximo provecho de la reforma aprobada. Ninguna de estas ideas requiere una reforma adicional, pero sí la voluntad política para implementarlas.
Próximos pasos a la implementación de la nueva ley del INA requieren de importantes reformas para continuar con el proceso de actualización y modernización de la institución, entre los cuales se encuentran:
Finalmente, y a pesar de las enormes dificultades que afronta toda intento de reforma institucional en Costa Rica, la reforma de la Ley Orgánica del INA debe entenderse como el inicio de un largo proceso de reforma institucional, no como su punto culminante. El camino por recorrer es largo, y el recorrido apenas empieza.
Informe Serie Visión para el Desarrollo:
Presentaciones: