El reto de enfrentar (de verdad) el gota a gota

La problemática de los créditos gota a gota ha acaparado la atención en años recientes, tanto de la ciudadanía como de los políticos. En una encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), aplicada en 2023, se estimó que más de 200.000 personas habían tomado uno en algún momento[1] y, con base en la actualización de esa encuesta en 2025[2], se estima que alrededor de 50.000 personas tenían uno en ese momento.

Conviene comenzar por entender que cualquier préstamo otorgado por una entidad o persona física no regulada o fiscalizada entraría en la categoría de crédito informal, pero eso no lo convierte en uno de gota a gota.

Los créditos informales pueden provenir de un familiar, de un compañero de trabajo, de un vecino o incluso de una venta de autos. Son informales no solo porque los otorga alguien que no está sujeto a ningún tipo de regulación, sino porque, a menudo, no se acompañan de formalidad alguna. Se concretan mediante un contrato privado, a veces ni siquiera escrito. En principio, debiera entenderse que los fondos provienen de recursos legítimos.

El crédito gota a gota es informal, pero su elemento distintivo es que usualmente se financia con recursos de origen ilegítimo, como el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas o los sobornos. Ahora bien, dos efectos de esa naturaleza son: i) tasas de interés muy superiores a la establecida como de usura y, desde luego, sujetas a cambios arbitrarios; ii) una gestión de cobro que puede adoptar modalidades violentas, incluidos daños físicos y hasta el asesinato del deudor o sus familiares.

Por tanto, cuando hablamos de gota a gota, nos referimos a préstamos informales, en extremo onerosos (usureros) y con condiciones de pago o cobro que incluyen la violencia.

Desde la perspectiva de la demanda, por su carácter informal, no existen estudios que permitan elaborar un perfil detallado del deudor. No obstante, a partir de los estudios realizados por la OCF, es posible reconocer ciertas condiciones. El primer elemento es la urgencia. Luego está el limitado o nulo acceso a un crédito formal con la rapidez requerida, probablemente porque la persona ya tiene deteriorado su historial crediticio. A esto habría que agregar el componente emocional: la urgencia afecta al consumidor y reduce su capacidad para comprender lo que le ofrecen. Esa circunstancia, junto a la "facilidad" con que se presenta la solución, crea condiciones ideales para caer en la trampa.

Se han sugerido o implantado algunas soluciones: líneas de crédito especiales, como las promovidas por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal[3]; el endurecimiento de las penas cuando la extorsión se relaciona con un crédito de este tipo, o más educación financiera. Aunque los estudios sugieren una relativa disminución de la incidencia, el alcance del mercado parece extraordinario.

Siempre desde la perspectiva de la demanda, podría pensarse que algunos deudores no tenían ni capacidad ni voluntad de pago al tomar esa opción; no obstante, la experiencia de la OCF y lo reportado a menudo por los medios sugieren que una porción de los afectados, en efecto, no tenían opciones para resolver su necesidad, pero sí tenían voluntad de pago. Don Claudio González-Vega, asociado fundador de la Academia de Centroamérica, nos recordaría las asimetrías en la información.

En consecuencia, con el fenómeno del gota a gota tenemos una demanda insatisfecha de personas necesitadas de crédito, con capacidad de pago limitada pero con voluntad de pago, aceptación de una tasa de interés más alta de lo usual (por su urgencia y baja calidad crediticia) y, de seguro, sin ninguna posibilidad de ofrecer garantía. Hay indicios de que los créditos pueden ser del orden de ₡500.000 a ₡1.000.000, aunque han trascendido casos por sumas mucho mayores.

Por el lado de la oferta, en principio, los proveedores regulados (como bancos y cooperativas) no podrían incursionar en ese mercado. En parte, porque el perfil de los demandantes dificulta cumplir los requisitos normativos o sus propias políticas, a la vez que se trata de montos bajos, de costo operativo elevado, en los cuales existe la prohibición de establecer una tasa que compense el riesgo asociado.

Dicho lo anterior, cabe plantearse si existe una solución para evitar caer en el crédito gota a gota, o incluso para rescatar a quienes ya se encuentren en esa situación. Al menos deberían considerarse cuatro aspectos. Uno es la metodología de crédito mediante la cual se debe atender a este tipo de deudor. Segundo, la naturaleza especializada de la entidad que podría atenderlos. Tercero, el tipo de recursos con los cuales se podría cubrir sus necesidades. Y, en cuarto lugar, si su problemática se reduce a dificultad de acceso al financiamiento o si es solo una manifestación de un fenómeno más amplio. En una segundo artículo intentaré proponer una ruta más razonable para atender la tragedia de tantos ciudadanos de este país.

[1]https://www.ocf.fi.cr/comunicados/estudio-permite-hacer-estimaciones-de-cuanto-han-tomado-de-credito-los-costarricenses-en-prestamos-gota-a-gota

[2] OCF. III Encuesta nacional de endeudamiento, octubre 2025. No publicada aún.

[3]https://www.bancopopular.fi.cr/prestamito-popular/

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